Más inversión social ha sido la respuesta del presidente Maduro frente a la guerra económica

Caracas, 19 Abr. Cortesía AVN.- Durante sus tres primeros años como presidente de la República, Nicolás Maduro ha continuado la senda de la inversión y reivindicaciones sociales, trazada por el comandante Hugo Chávez, para atender las necesidades y mejorar la calidad de vida de los venezolanos.

A pesar de la caída de más de 70% en el precio del petróleo y los constantes ataques y acciones desestabilizadores perpetrados por la derecha, el jefe de Estado ha honrado el compromiso con el pueblo y mantiene un nivel de inversión de 71,4% de los ingresos que percibe la nación en la atención de áreas prioritarias.

Mientras que entre 1982 y 1998 ingresaron al Estado un total de 230 mil 576 millones de dólares, de los cuales se destinaron 90 mil 141 millones (39%) al desarrollo social. Durante que el período comprendido entre 1999 y 2015, la nación recibió la suma de un billón 280 mil 609 millones de dólares, de los que Ejecutivo ha invertido 914 mil 148 millones (71,4%) para proteger a las familias del país.

Los altos niveles de inversión social permiten continuar los proyectos implementados por el Estado desde 1999 para continuar democratizando el acceso a los bienes y servicios, a pesar de la guerra no convencional orquestada por sectores imperiales, y la baja que experimenta el crudo en el mercado internacional.

La caída de los precios del petróleo ha sido un fenómeno sostenido desde hace más de cuatro años, que ha ocasionado que los recursos percibidos por la renta petrolera hayan bajado de los 34.367 millones de dólares obtenidos en 2010, a los 12.567 millones de dólares registrados en 2015.

Por ejemplo, el monto de divisas que ingresaron al país por concepto de venta petrolera en enero de 2016 fue de 77 millones de dólares, mientras que en el mismo mes de 2010 se ubicaba en 3.317 millones, lo que representa una disminución superior a 4.200% en seis años.

Este nuevo escenario volvió a plantear la importancia de la prudencia y la buena administración de los ingresos de la nación para continuar con todos los planes de inversión social.

Dicha visión se opone radicalmente a la concepción neoliberal que caracterizó a los gobiernos puntofijistas que controlaron el país entre 1960 y 1998, y que ante la baja de los ingresos petroleros, optaron por castigar al pueblo con recortes de salario, liberación de precios, devaluación y acciones represivas, con tal de defender los intereses del gran capital privado.

«Los gobiernos de la oligarquía dicen: cuando hay tiempo de vacas gordas y altos ingresos petroleros, todo para mí (las élites), y cuando es tiempo de vacas flacas y bajan los precios del petróleo, nada es para nadie, por lo que no hubo vivienda, no hubo misión, no se superó la pobreza, ni hubo buena educación. Sin embargo, la revolución, cuando el petróleo estuvo a 100, dijo: ‘Vamos a meterle el acelerador al desarrollo económico’. Y cuando bajó a 30 dólares, dijo: ‘Vamos a administrar bien para que no le falte nada al pueblo, a la educación pública, al alimento, la salud y la vivienda», explicó recientemente el presidente Maduro.

Desarrollo social

Los ataques contra la Revolución Bolivariana —que superó el golpe de Estado y sabotaje petrolero entre 2002-2003— recrudecieron desde abril de 2013, cuando el presidente Maduro resultó victorioso en los comicios.

La derecha nacional e internacional ha mantenido una estrategia golpista sustentada en acciones violentas, planes de magnicidio y diversas conspiraciones, incluidas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Parte del plan para derrocar al chavismo es la actual guerra económica, que implica prácticas como acaparamiento, especulación y contrabando de extracción, dirigida a destruir logros alcanzados por las familias venezolanas desde 1999, y provocar un estallido social que permita dar al traste con el proceso revolucionario y justificar la entrega de la nación a intereses imperialistas.

Pese a este panorama adverso, la pobreza extrema continúa en descenso y durante el transcurso de 2015 bajó a 4,5%, lo que significa una reducción de 6,3 puntos porcentuales con respecto al 10,8% de hace 16 años.

El número de hogares en hacinamiento pasó de 14,6% en 1998 a 7,9% en 2015, mientras que la cifra de viviendas sin servicios básicos, que a principios de la última década del siglo XX era de 15,4%, bajó en 2015 a 10,2%.

Durante los primeros 16 años de Revolución, la matrícula en educación inicial, para niños de entre cero y seis años de edad, pasó de 45% a 77%; la primaria, que incluye a niños de seis a 12 años, se incrementó de 86% a 96%; al tiempo que la secundaria, que abarca a jóvenes de entre 12 y 18 años, subió de 48% a 76%.

Y la educación universitaria, que antes de 1999 tenía una matrícula de 400.000 estudiantes, hoy supera los 2,7 millones, lo que ubica a Venezuela entre los primeros países de América Latina con mayor número de alumnos universitarios.

Otra prioridad del gobierno revolucionario es proteger a la clase trabajadora. En ese sentido, la tasa de desocupación se ubica actualmente en 6,7%, lo que representa una reducción significativa en comparación con 1999, cuando registró 15,3%.

Con un barril de petróleo a un precio promedio de 35 dólares, desde enero de 2015 y hasta la fecha, el Gobierno Bolivariano ha aprobado 5 aumentos, con los que el salario mínimo de los venezolanos se ha incrementado en 259,4%, una cifra superior a la inflación de 2015, de 181%.

Actualmente, el salario mínimo mensual de los trabajadores del país en 11.578 bolívares (Bs), a lo que se suman los 13.275 Bs, por concepto de ticket de alimentación, lo que ubica el ingreso mínimo legal de los venezolanos en un monto de 24.853 Bs.

Agenda Económica

Para atender la coyuntura ocasionada por la guerra no convencional, proteger los derechos del pueblo y superar el rentismo petrolero heredado del IV República, el presidente Maduro implementó la Agenda Económica Bolivariana que contempla el desarrollo de sectores estratégicos para diversificar el aparato productivo.

Este esquema económico prevé la participación de empresas públicas y privadas a través del Consejo Nacional de Economía, para impulsar 36 cadenas productivas, 50 rubros priorizados y 15 motores que incluyen los renglones: hidrocarburos, petroquímica, agroalimentario, minería, telecomunicaciones e informática, construcción, industria, industria militar, industrias básicas, turismo, forestal, comunal y social, banca y finanzas, y exportaciones y nuevas fuentes de divisas.

La puesta en marcha de este plan tiene como finalidad reimpulsar los principales sectores de la economía real, que comprende el desarrollo productivo de la nación, para aumentar la capacidad de autoabastecimiento y exportación diversificada. AVN