Caracas, 15 Mar. Cortesía AVN.- Dentro de la Emergencia Económica el Ejecutivo Nacional ha promulgado ocho decretos para proteger al pueblo venezolano y atender la coyuntura que atraviesa el país, como consecuencia de la guerra no convencional perpetrada por la derecha y la caída de los ingresos petroleros.
«Todos (los ocho decretos) han sido implementados y ninguno de ellos ha sido impugnado. Los hemos basado en las circunstancias económicas que atraviesa el país», indicó el vicepresidente Ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, durante su intervención en la sesión de la Asamblea Nacional (AN) para exponer las razones del Ejecutivo para solicitar una prórroga por en la aplicación del instrumento legal.
Durante su intervención, refirió que el primer decreto fue la aprobación de transferencia de los saldos líquidos y no líquidos que no fueron utilizados al cierre del ejercicio económico financiero 2015 al Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), para darle continuidad a las políticas sociales y financiar la recuperación del aparato productivo.
Agregó que la segunda acción obedeció a la creación del Sistema Centralizado y Estandarizado de Compras Públicas, instancia creada para optimizar las compras del Estado.
Otra de las medidas, permite que el Ejecutivo nacional, a través de las empresas públicas, pueda ejercer un derecho especial de preferencia para la adquisición de residuos sólidos, metálicos y chatarra de aluminio, cobre y hierro «a los fines de su transformación para su utilización en obras de construcción y el desarrollo de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV)».
Sostuvo que con la finalidad de proteger los ingresos del pueblo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, creó la Tarjeta de las Misiones Socialistas «para garantizar el otorgamiento de subsidio para alimentos y salud para atender a familias vulnerables».
Explicó que la quinta medida fue la creación de la Comisión Presidencial de Desarrollo Ecosocialista y Salvaguardia de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Actividad Minera, que busca aprovechar las potencialidades de los recursos minerales sin lesionar la diversidad biológica de los territorios.
El sexto decreto establece que la cartera de crédito bruta anual y las instituciones bancarias «destinarán 20 % a la consecución de nuevos créditos hipotecarios para la construcción, adquisición, autoconstrucción, mejora y ampliación de viviendas».
Acotó que la séptima medida fue la implementación del Banco de Insumos de la Pequeña y Mediana Industria, destinado a apoyar el suministro de materia prima para evitar la participación de gestores e intermediarios.
Como último punto, mencionó que se decretó el aumento del tope de 1.500 a 3.000 Unidades Tributarias (UT) para pagar el Impuesto sobre la Renta (ISLR), que establece que quienes obtengan una remuneración mensual igual o menor a los 50.000 bolívares sólo deberán declarar anualmente el tributo.
Atención de la emergencia
El vicepresidente Istúriz señaló que el Decreto Emergencia Económica, promulgado el pasado 14 de enero, responde a la voluntad del Gobierno nacional para resguardar a la población «de la actuación de la burguesía en su intento de destruir el Estado venezolano y cercenar el derecho de los venezolanos a ser libres e independientes, a vivir dignamente bajo el modelo de organización social y económico que ha decidido adoptar».
Indicó que este decreto se fundamentó en una serie de elementos que están alineados «con la circunstancias que atraviesa el país en materia económica».
Destacó, que aunque todos los diputados «tienen claridad y consciencia sobre las circunstancias económicas que atraviesa el país», la mayoría parlamentaria circunstancial de sectores políticos de la derecha se negó a aprobar el Decreto de Emergencia Económica «cuestionando la existencia de la situación económica».
«Hay una coyuntura económica dura, porque el petróleo bajó de 100 a 20 dólares por barril, eso es razón suficiente para encontrarnos en una emergencia económica y frente a eso, hay que adoptar medidas de emergencia», manifestó.
Sostuvo que el instrumento legal aprobado por 60 días y validado por la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cumple con las exigencias y requisitos establecidos, y explicó que el Ejecutivo solicita su extensión, por otros 60 días, para persistir en la lucha para reimpulsar la economía.
De igual forma, recordó que el documento se fundamenta en bases legales presentes en la Ley Orgánica de Estados de Excepción y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Estímulo productivo
Durante su alocución, Istúriz resaltó que como parte de la Agenda Económica Bolivariana, el Ejecutivo ha diseñado una serie de lineamientos económicos dinamizar la producción nacional, potenciar las exportaciones y sustituir las importaciones de materias primas.
También mencionó que el Gobierno nacional trabaja en la sinceración y actualización de algunos precios en las áreas de alimentos y medicamentos, dentro de lo que establece la Ley de Precios Justo.
Refirió que el sector productivo que participa en el Consejo Nacional de Economía Productiva ha sumado aportes a la construcción del nuevo modelo productivo, al tiempo que reafirmó la voluntad del Ejecutivo de trabajar con el poder popular, las empresas públicas y privadas en la construcción de una economía productiva.
Ataque a la moneda
Desde el Parlamento venezolano Istúriz denunció que el ataque a la moneda nacional orquestado por laboratorios manejados desde el extranjero, a través de portales web, responde al objetivo político de derrocar el Gobierno legítimo del presidente de la República, Nicolás Maduro.
Al respecto, señaló que actualmente en el país se experimenta una inflación real, pero también una inflación inducida, ya que una serie de estudios han demostrado que los portales web que promueven un tipo de cambio sin base económica venezolana, inciden en más de 70 % sobre el nivel de la inflación.
«Hay una guerra económica. Venezuela está acechada de manera permanente desde hace años y se ha intensificado en estos momentos», dijo.
Sin embargo, señaló que en medio de esta coyuntura el Gobierno del presidente Maduro «lo primero que hizo fue proteger el empleo y garantizar la calidad del empleo».
